
En Ecuador, es habitual que los pacientes presenten quejas sobre la conducta de los profesionales de la salud. Aunque en muchas ocasiones estas reclamaciones carecen de fundamentos sólidos, su impacto a estos profesionales puede llegar a ser significativo. Incluso, se puede llegar a generar un delito por vulnerar el derecho al honor.
Ahora bien, en nuestro ordenamiento existen vías constitucionales, civiles y penales para abordar las reclamaciones sobre la reputación de un médico. En la actualidad, estas quejas también pueden surgir en las redes sociales, lo que amplifica su impacto y alcance.
Aunque, las redes sociales tienen un gran impacto y alcance, solo un juez puede determinar si se ha vulnerado el derecho al honor.
Hasta el momento, en Ecuador no se ha emitido una sentencia emblemática relacionada con el derecho al honor en el ámbito sanitario. No obstante, la legislación es explícita en definir su concepto y las consecuencias en caso de su violación.
¿Dónde se recoge el derecho al honor?
El derecho al honor está garantizado en el artículo 66, numeral 18 de la Constitución de la República del Ecuador. Dicho numeral establece que se reconoce y garantiza el derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y la voz de la persona.
Este reconocimiento constitucional es fundamental en el ámbito legal y ético, ya que protege a las personas de difamaciones, calumnias y otras formas de ataque a su reputación y honor. Además, este artículo resalta la importancia de tratar a todas las personas con dignidad y respeto. Así, promueve relaciones sociales y profesionales basadas en la ética y el reconocimiento de los derechos humanos.
En el contexto del ámbito de la salud, el derecho a la honra y la buena reputación cobra especial relevancia. Los profesionales de la salud, los establecimientos médicos y los pacientes deben ser conscientes de este derecho y actuar de manera ética y responsable para evitar violaciones a este principio. Por ejemplo, los médicos deben respetar la confidencialidad médica, evitar difundir información falsa o difamatoria sobre colegas o pacientes, y garantizar un trato respetuoso y digno en todo momento.
Nuestro Código Civil, en su artículo 2231, también menciona sobre imputaciones injuriosas en contra la honra o el crédito de una persona.
Este artículo reconoce la importancia de proteger el derecho al honor y la reputación de las personas, reconociendo que las imputaciones injuriosas pueden causar daños tanto económicos como morales. Por lo tanto, establece que la víctima tiene derecho a reclamar una compensación económica por los perjuicios sufridos.
¿Qué dice el Código Orgánico Integral Penal en el Ecuador?
De igual manera en la vía penal, el Código Orgánico Integral Penal tipifica a la calumnia como un delito. A través de esta ley, se sanciona las falsas imputaciones hacia una persona y protege su reputación.
Para que se configure el delito de calumnia es necesario que la imputación sea falsa. Es decir, que el delito imputado no haya sido cometido por la persona señalada. Además, la imputación debe referirse a un delito en particular, no a conductas genéricas o vagas.
El artículo establece una pena privativa de libertad de seis meses a dos años para quienes cometan el delito de calumnia. Esta pena puede variar en función de circunstancias específicas del caso, como la gravedad de la imputación falsa y el daño causado a la persona afectada.
El propósito de tipificar este delito es proteger el derecho al honor y la reputación de las personas, evitando la difusión de acusaciones falsas de delitos que puedan dañar la imagen y la integridad de alguien. En el ámbito médico, los profesionales de la salud deben tener en cuenta la importancia de una comunicación veraz, respetar la confidencialidad médica y considerar el honor y la reputación de sus pacientes.
Los médicos deben actuar con responsabilidad y ética profesional para evitar situaciones que puedan ser interpretadas como calumnias y que puedan afectar negativamente a su reputación y buen nombre.
La importancia de la asesoría para médicos
A lo largo de décadas de experiencia, hemos llegado a una conclusión crucial: la asesoría jurídica es fundamental para nuestros médicos. Aunque seamos expertos en medicina, es posible que en ocasiones nos enfrentemos a temas legales en los que podamos confundirnos. En estos casos, la asistencia de un abogado especializado es imprescindible.
Por esta razón, en Uniteco siempre hemos trabajado incansablemente en busca de la tranquilidad del médico. Nuestras pólizas de Responsabilidad Civil Médica cuentan con la colaboración de DS Legal, un despacho especializado en la defensa de los profesionales de la salud. A través de esta alianza, nuestros asegurados tienen la garantía de contar con asistencia legal siempre que la necesiten, dejando todos los aspectos legales en manos de profesionales experimentados.
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